La CDI se estableció como instancia de consulta obligada en materia indígena para el conjunto de la Administración Pública Federal, así como de evaluación de los programas y acciones de gobierno y de capacitación de servidores públicos federales, estatales y municipales para mejorar la atención a la población indígena.

Al ser instancia de consulta y realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la administración pública federal, de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas y de concertación con los sectores social y privado, la CDI utiliza los programas y su presupuesto para construir una acción convergente y articulada para contribuir tanto al desarrollo integral, como a hacer efectiva la promoción y vigencia de los derechos indígenas garantizados en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A partir de los planteamientos de los representantes indígenas, expresados en procesos de consulta, así como del marco institucional que reconoce las prioridades señaladas por ellos, la CDI define el desarrollo con identidad para los pueblos y las comunidades indígenas, como el objetivo en torno al cual se han de articular los esfuerzos de las dependencias y entidades de todas las instituciones, de los diferentes órdenes de gobierno y de todos los actores sociales.

En la búsqueda de la armonización del marco jurídico nacional en congruencia con los derechos colectivos indígenas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales adoptados por el México, la CDI trabaja en la elaboración de opiniones jurídicas para apoyar el trabajo legislativo en los ámbitos federal y estatal. También se coordina con instituciones públicas encargadas de la administración y procuración de justicia, para promover el respeto y la defensa de los derechos humanos de la población indígena y apoya el fortalecimiento de capacidades en materia de derechos indígenas.

Promueve como uno de sus principios básicos incluir del enfoque de género en los programas y acciones que desarrolla, a fin de revertir la mayor desventaja y rezago que hoy viven las mujeres indígenas por su condición de género, clase y etnia.

A través de programas, proyectos y acciones, la CDI promueve la valoración y el respeto de las culturas y lenguas indígenas del país, como elemento fundamental para construir un diálogo intercultural y con ello contribuir a eliminar la discriminación hacia la población indígena. Ante semejante reto, se realizan acciones para el fortalecimiento del patrimonio material e inmaterial de las culturas indígenas y para la difusión de la diversidad cultural y lingüística del país en los medios masivos de comunicación.

Esta dependencia tiene establecido un sistema de consulta hacia los pueblos y comunidades indígenas para mejorar el diseño de políticas públicas en los ámbitos que les atañen directamente. Se parte del principio de que la participación es un elemento muy valioso para la elaboración de estrategias de desarrollo para las diferentes comunidades, municipios y regiones, culturalmente pertinentes, dado el conocimiento que la población indígena tiene sobre su propio entorno. La participación indígena es un factor de gran importancia para conservar los elementos culturales deseados por las propias comunidades y definir los cambios a los que aspiran.

Otro elemento importante de la gestión institucional, es canalizar recursos y esfuerzos públicos para que la población indígena supere los rezagos en materia de infraestructura básica y de comunicaciones para mejorar sus condiciones de vida. A través de diversos programas, se apoyan proyectos para el desarrollo económico, la construcción de vivienda, la dotación de los servicios de agua potable, electricidad, desagüe, entre otros, se construyen y modernizan caminos rurales y alimentadores, además de mejorar el acceso a las nuevas tecnologías de telecomunicación. Dentro de la normatividad de los programas institucionales, se consideran criterios de sustentabilidad ambiental y se canalizan apoyos hacia proyectos para el uso sustentable de los recursos naturales.

Se realizan acciones coordinadas para fortalecer el sistema de salud, que considere la medicina tradicional e incluso modelos de atención con un enfoque intercultural. Se promueve el mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación básica bilingüe, educación media superior y superior en regiones indígenas.

A fin de avanzar hacia nuevos modelos de gestión del desarrollo con un enfoque territorial, se apoya la integración de diagnósticos en la escala local, municipal y regional que incluyan el ordenamiento ecológico territorial y consideren las particularidades culturales, promoviendo los acuerdos necesarios entre los tres órdenes de gobierno y la población local para apoyar la elaboración de planes de desarrollo de largo plazo que sean sustentables, integrales y culturalmente pertinentes.

Otro tema de la gestión institucional es la migración, en sus diversas formas, tanto de las jornaleras y jornaleros agrícolas en los campos laborales, como de la población indígena que habita en ciudades, para lo cual se avanza en el diseño de políticas diferenciadas para atender la amplia gama de circunstancias que enfrentan a esta población, como es la necesidad de vivienda y dotación de servicios, la formación de capacidades laborales, protección contra las redes de delincuencia organizada, o espacios para sus expresiones culturales, entre otros.

Misión

Somos una institución rectora de las políticas públicas federales para el desarrollo y preservación de los pueblos y comunidades indígenas, que garanticen el respeto a sus culturas, la vigencia de sus derechos y el logro de una vida plena.

Visión

Los pueblos y comunidades indígenas definen sus proyectos de desarrollo en un marco de equidad e inciden en la formulación y aplicación de políticas públicas para su beneficio, viven en condiciones sociales y económicas semejantes al promedio nacional y ejercen plenamente sus derechos.

Los efectos esperados de la acción institucional en el mediano plazo, son:

Los impactos esperados en el largo plazo de la acción institucional son los siguientes: